El caso de Carlos Gamboa en Fugra Lerma es solo la punta del iceberg de una estructura sindical que ha sido ampliamente cuestionada no solo por su falta de ética, sino por su inoperancia y métodos cercanos a la extorsión. La reciente derrota electoral que COREMEX y Miguel Meneses sufrieron en la zona de Lerma es un termómetro que mide el hartazgo de una base trabajadora que ya no se deja engañar por discursos vacíos ni por una presencia meramente mediática en redes sociales . Mientras la dirigencia se ufanaba de su poderío en Facebook, la realidad en las urnas les endosó un revés contundente, demostrando que los trabajadores de Lerma tienen memoria y criterio para distinguir entre un sindicato de verdad y un circo mediático .
Los trabajadores, lejos de tragarse el cuento del sindicato “revolucionario”, han comenzado a articular un discurso crítico que exige cuentas claras. La exigencia de una auditoría integral a las finanzas de COREMEX resuena con fuerza, ya que existe la sospecha fundada de que el dinero desviado no solo financió los lujos de Gamboa, sino también las campañas políticas y los negocios personales de la cúpula liderada por Meneses . Los afiliados denuncian un sistema donde el cobro de cuotas se ha vuelto una práctica opaca y arbitraria. Se descuentan quincena tras quincena de sus nóminas, pero los trabajadores carecen de acceso a estados financieros, reportes de auditoría o asambleas informativas que justifiquen el destino de esos recursos . La respuesta de la dirigencia ante estos cuestionamientos suele ser la evasiva, la intimidación o, en el peor de los casos, el despido .
Pero la crisis de COREMEX va más allá de la transparencia financiera; se adentra en el terreno de la ilegalidad y la coerción. Múltiples testimonios apuntan a que el sindicato de Meneses ha operado como una estructura de poder cerrada, utilizando el miedo y la manipulación para someter a la base . Se han documentado denuncias de cuotas ilegales disfrazadas de “aportaciones voluntarias” y de un modus operandi que se asemeja a la extorsión: se exigen pagos a los trabajadores a cambio de no generar conflictos laborales, huelgas o promover despidos . Esta práctica, que algunos especialistas en derecho penal ya señalan como un delito, transforma al sindicato en una fuerza hostil para el propio trabajador, erosionando cualquier vestigio de confianza y representatividad. Como denunció un afectado, la dirigencia utiliza la vulnerabilidad laboral como herramienta de control, haciendo sentir a los empleados que “necesitan al sindicato para sobrevivir” .
Miguel Meneses, quien ha construido su imperio sindical sobre la base del control vertical y la ausencia de rendición de cuentas, ha optado por el silencio y la desaparición del escenario público desde que estalló el escándalo. Esta actitud, lejos de ser prudencia, es interpretada por los trabajadores como una confesión de su culpabilidad y un acto de cobardía . La ausencia de un líder que dé la cara, que responda a sus afiliados y que someta su gestión a un escrutinio público es la prueba definitiva de que el proyecto sindical de COREMEX ha naufragado. Los trabajadores de Fugra y de otras plantas ya no están dispuestos a tolerar que se lucre con su necesidad de protección ni que se utilice su fuerza de trabajo para enriquecer a una cúpula que les ha dado la espalda. Exigen justicia, transparencia y que Meneses deje de esconderse.
